By Staff Reporter (staff@latinospost.com) | First Posted: Jan 11, 2015 10:52 PM EST

Las acciones ejecutivas sobre inmigración del Presidente Barack Obama proveerán a casi 4.9 millones de indocumentados un alivio de ser deportados.

Sin embargo, otras preocupaciones de derechos humanos aún no han sido manejadas, según una de las organizaciones internacionales más grandes de derechos humanos.

Human Rights Watch pidió a Obama y el Congreso terminar el maltrato de los indocumentados en la frontera así como la detención innecesaria y penas criminales inapropiadas que podrían separar familias.

"La acción presidencial del año pasado aún deja a millones de personas sujetas a injustas y duras leyes y prácticas de inmigración que requieren reformarse," dijo el Director de Abogacía de Human Rights Watch, Antonio Ginatta. "La llegada de un nuevo Congreso en Washington crea oportunidades para que los legisladores avancen la reforma migratoria que respete los derechos de todos."

Según Human Rights Watch, la acción ejecutiva de inmigración de Obama no maneja la protección de ser deportados y salvaguardias para los padres de ciudadanos americanos o residentes permanentes legales, específicamente padres que fueron detenidos en la frontera. La organización internacional de derechos humanos también reconoció la falta de acción de Obama sobre familias indocumentadas recientemente detenidas por el orden público.

"Las políticas de deportación en masa de años recientes han dejado a cientos de miles de familias separadas a la fuerza," dijo Ginatta. "La administración Obama y el Congreso tienen mucho más que hacer para hacer valer los derechos de los migrantes y sus familias."

Human Rights Watch lanzó un sitio de preguntas y respuestas sobre las acciones ejecutivas de inmigración el martes. Como reportó Latin Post, más de 4 millones de indocumentados pueden solicitar un alivio de la deportación si el individuo ha vivido en los EEUU por más de cinco años y no tienen un historial criminal. Un nuevo programa, resultado de la acción ejecutiva del 20 de noviembre, llamado Acción Diferida por Responsabilidad Parental (DAPA) también permitiría a padres indocumentados de ciudadanos americanos o residentes permanentes legales solicitar el alivio.

A pesar de peticiones de manejar otros problemas que afecta a indocumentados, Human Rights Watch reconoció que las acciones del 20 de noviembre son "iniciativas importantes y encomedables que prometen reducir los abusos contra muchos migrantes no autorizados y sus familias."

Durante su discurso, Obama dijo que las acciones ejecutivas ayudarían a asegurar la deportación de "criminales, no familias." Human Rights Watch, sin embargo, encontró una discrepancia con el comunicado de Obama.

"Todas las familias tienen derecho a una audiencia justa en que su derecho de vivir juntos como una familia se pesa contra el interés del gobierno de deportarlos, y eso incluye a las familias de las personas con historial criminal," escribió Human Rights Watch, añadiendo que los "criminales" que menciona Obama muchas veces incluyen a individuos sentenciados de "ofensas relativamente menores" como robo, volver a entrar a los EEUU después de ser deportados, ofensas de tráfico y "simple posesión de marihuana y cocaína."

"Bajo la ley actual de los EEUU, muchas sentencias se consideran un 'crimen agravado.' Las autoridades de inmigracón y cortes que supervisan las deportaciones de personas con crímenes agravados no tienen poder para tomar en cuenta las circumstancias de cada caso individual -- deben tratar al inmigrante como un criminal peligroso y ordenan que las personas sean removidas de los EEUU de por vida. Aquéllos que vuelvan a entrar al país ilegalmente después de tal sentencia pueden enfrentar hasta 20 años en una prisión federal," añadió Human Rights Watch.

Según la organización, más de 1 millón de miembros de familia fueron afectados por las deportaciones por ofensas no violentas entre 1997 y 2007. La tasa de deportaciones de personas no violentas se proyectó será mayor por más de 2 millones de indocumentados que han sido deportados desde que Obama llegó a la Casa Blanca.

Human Rights Watch también mencionó que las acciones ejecutivas no mejoran los derechos de debido proceso de los indocumentados y el acceso a consejo en procedimientos de asilo o deportación.